Hay un dicho popular que dice “nunca dejes que una buena crisis se desperdicie”. El mundo se enfrenta a una panoplia de crisis: el cambio climático, la pandemia del COVID-19 y una probable recesión mundial si se cumplen las recientes predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Ante esta trifecta de crisis, los gobiernos caribeños han manifestado una mayor urgencia por trabajar más estrechamente con el sector privado para diversificar y transformar sus economías hacia vías de crecimiento y desarrollo sostenibles. Este artículo sostiene que, si bien no es una panacea, la atracción de la inversión extranjera directa (IED) en sectores de alto valor es una de las formas en que los gobiernos caribeños podrían lograr una transformación sostenible de sus economías después de la crisis de la COVID-19. El artículo sostiene además que los beneficios de la IED no son automáticos y que los esfuerzos de promoción y facilitación de la inversión extranjera de los países caribeños deben basarse en datos, en sus estrategias nacionales de desarrollo y centrarse en atraer también a los inversores regionales y de la diáspora.

El imperativo de la transformación económica

En su estudio titulado “Supporting Economic Transformation”, McMillan et al. (2017) definen la transformación económica como “un proceso de traslado de mano de obra y otros recursos desde actividades de menor productividad a otras de mayor productividad.” Esto, argumentan, implica no solo el cambio de recursos entre sectores hacia actividades de mayor valor, como el cambio de la agricultura a la industria manufacturera, sino también dicho cambio dentro de los sectores, como el cambio de la producción de la agricultura de subsistencia de baja productividad a los cultivos de alto valor dentro de las cadenas de valor sofisticadas (McMillan et al 2017).

Para que esta transformación económica sea sostenible, el proceso debe basarse en un marco de desarrollo sostenible. De hecho, el concepto de “desarrollo sostenible” ha sido el paradigma dominante del desarrollo desde la década de 1990. En su innovador informe de 1987, la Comisión Brundtland definió el desarrollo sostenible como “un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Brundtland 1987). Tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Agenda 2030 de las Naciones Unidas abarca 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y sus 169 metas que todos los países, incluidos los Estados del Caribe, se han comprometido a alcanzar para 2030. Tal y como se identificó en la Agenda de Acción de Addis Abeba (2015), la IED es uno de los canales de financiación de los que los países podrían obtener la financiación necesaria para cumplir sus objetivos de desarrollo.

La transformación económica sostenible ha sido un imperativo político de los gobiernos del Caribe después de la independencia. Las economías caribeñas han pasado en gran medida de ser economías de monocultivo, centradas en la exportación de productos agrícolas, a economías basadas en los servicios, impulsadas principalmente por el turismo y las exportaciones de servicios financieros. Las economías basadas en las materias primas de Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam también han realizado esfuerzos de diversificación. La región ha tenido un nivel de desarrollo humano generalmente alto. Sin embargo, la transformación económica de las economías regionales se ha visto limitada por varios factores estructurales, como el pequeño tamaño de la población, las estrechas bases económicas y de exportación, la elevada dependencia de las importaciones y su susceptibilidad a las crisis.

En la entrada del blog del FMI de octubre de 2020, Pienknagura, Roldos y Werner (2020) señalaron que, aunque la región había tenido un éxito relativo en la gestión de la propagación del virus, los países del Caribe eran los más afectados económicamente debido a su gran dependencia del turismo para la actividad económica y el empleo. Los autores compararon el repentino cese de la llegada de turistas y los cierres locales con “un paro cardíaco para sus economías”. La pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto y ha exacerbado aún más los problemas sociales preexistentes: el aumento de la delincuencia, las grandes economías informales, el subempleo y el desempleo juvenil, la pobreza y la creciente desigualdad de ingresos.

La buena noticia es que, como informa el Banco Mundial (2022), se espera que muchos de nuestros países experimenten un crecimiento positivo, y se prevé que Guyana y Barbados lideren el crecimiento de la región de América Latina y el Caribe en 2022 (Banco Mundial 2022). Sin embargo, existen muchos vientos en contra, como la crisis entre Rusia y Ucrania, la inflación mundial, el debilitamiento de la economía del Reino Unido y la noticia de que el FMI espera que dos tercios de la economía mundial se contraigan en 2023. También está la inminente crisis de la deuda, ya que muchos países en desarrollo, al carecer de suficiente espacio fiscal, se vieron obligados a contraer nueva deuda para capear la pandemia.

La IED y la transformación económica

Los países del Caribe suelen tener regímenes de inversión muy liberales y abiertos. En gran parte, nuestros países siguieron el modelo de “industrialización por invitación” propuesto por el Premio Nobel de Economía nacido en Santa Lucía, el venerable Sir W. Arthur Lewis. La literatura empírica muestra que la IED tiene muchos beneficios para los países, como la generación de empleo, las divisas y la transferencia de habilidades, conocimientos y tecnología. Sin embargo, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que si bien la IED era clave para la recuperación económica, “no hay evidencia que sugiera que la IED haya contribuido a un cambio de dirección en el modelo de desarrollo en el [LAC] región porque muchas entradas van a los sectores en los que las empresas transnacionales han desempeñado un papel destacado durante décadas”. Aunque no se dispone de datos detallados sobre los flujos de IED por sectores en el Caribe, los sucesivos informes de la CEPAL muestran que la mayor parte de la IED que llega a la región se dirige generalmente al turismo y a los sectores extractivos.

Cada vez se reconoce más que los países deben centrarse en atraer la IED en sectores que les ayuden a alcanzar sus objetivos de desarrollo. Para ello, la UNCTAD (2014) ha identificado en su Informe sobre las inversiones en el mundo de 2014 10 sectores relacionados con los ODS: energía, mitigación del cambio climático, seguridad alimentaria, telecomunicaciones, transporte, ecosistemas/biodiversidad, salud, agua y saneamiento, adaptación al cambio climático y educación (UNCTAD 2014). Los sectores en los que se centrará el próximo Foro de Inversión en el Caribe de la Agencia de Desarrollo de las Exportaciones del Caribe, que se celebrará en noviembre de 2022, a saber, la economía digital, la agroindustria, la economía azul, el turismo sostenible, la innovación en la logística y el transporte y las energías renovables, son todos ellos sectores de alto crecimiento y sectores que, en muchos casos, están relacionados con los ODS.

¿Cómo hacer que la IED sea transformadora?

En primer lugar, los países del Caribe deberían seguir identificando y priorizando los sectores en los que la IED podría ser más transformadora, en particular los sectores relacionados con los ODS que la UNCTAD (2014) identificó. De hecho, la mayoría de los OPI de los países del Caribe indican en sus sitios web y en su material de marketing los sectores de especial interés para su país para atraer inversiones. Sin embargo, los datos disponibles sobre los niveles de IED que se destinan a estos sectores son limitados, por lo que es necesario un mayor nivel de desglose de los datos de IED, incluso por sectores.

En segundo lugar, teniendo en cuenta la considerable diáspora de la región y los esfuerzos por transformar el CSME en un espacio único de inversión, la atención no debe centrarse únicamente en atraer y facilitar a los inversores extranjeros (los que no tienen vínculos con la región), sino también a los inversores de la diáspora y a los inversores regionales. Los OPIs del Caribe ya han hecho de la IED de la diáspora una parte de sus esfuerzos de promoción, que deberían intensificarse. En particular, es importante investigar cuáles son los intereses potenciales de inversión de la diáspora y los obstáculos a la inversión que ésta experimenta.

En tercer lugar, las reformas de la inversión deben formar parte de una estrategia de inversión más amplia, que sea coherente con las políticas industriales y comerciales del país, todas ellas vinculadas a la estrategia de desarrollo del país. En este sentido, es importante que los países que los tienen evalúen la utilidad de sus acuerdos internacionales de inversión, en particular de sus tratados bilaterales de inversión.

En cuarto lugar, la competencia por los inversores entre los países del Caribe no puede basarse únicamente en el tipo impositivo o los incentivos, sino en su propuesta de valor para los inversores, a través de aspectos como el potencial de mercado, la facilidad de establecimiento, el acceso a la financiación y otros factores que los inversores tienen en cuenta en sus decisiones. Además, a pesar de las reformas y mejoras en curso, hacer negocios dentro del Caribe y entre los países caribeños mantiene muchas fricciones. El comercio intra-CARICOM sigue siendo bajo en comparación con muchas otras regiones debido a muchos factores, entre ellos los logísticos e históricos, pero también a causa de las fricciones financieras.

En quinto lugar, el objetivo es atraer inversiones favorables al desarrollo, sostenibles e integradoras. Por lo tanto, la selección de las inversiones propuestas para evitar la degradación del medio ambiente, así como la supervisión para garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental y laboral, garantizarán que dichas inversiones sean sostenibles.

En sexto lugar, la política de inversión basada en pruebas requiere datos de los que carecen muchos países del Caribe. La escasez de datos desglosados por tipo de inversión, fuente o sector dificulta la evaluación empírica de la eficacia de las estrategias de promoción y facilitación de la inversión. Además, los inversores se basan a menudo en estos datos para tomar sus decisiones sobre si invertir o reinvertir. Por ello, un enfoque concertado para mejorar la calidad, la puntualidad y la disponibilidad de los datos debería ser un componente clave de los esfuerzos de la región.

En resumen, la aceleración de la promoción y la facilitación de la inversión extranjera directa es un elemento importante para la transformación sostenible de las economías caribeñas después de COVID-19 en un mundo cada vez más policrisis. Puede hacerlo estimulando la actividad económica, la entrada de divisas y la creación de empleo. Sin embargo, estos beneficios no son automáticos y deben ser informados por una sólida estrategia de desarrollo y supervisados si se quiere lograr los resultados deseados.